El Ministerio Público investiga por lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Las pesquisas hallaron transferencias bancarias sospechosas en la cuenta de su pareja, Gonzalo Migueles. También están bajo la lupa los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silber y el conservador de bienes raíces de Chillán.
La clave está en los registros bancarios de Gonzalo Migueles de junio de 2024. Entre el lunes 17 y el miércoles 19 de ese mes, la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, recibió cinco transferencias bancarias, por $5 millones cada una. Los pagos llamaron la atención de la Fiscalía Regional de Los Lagos, la que está a cargo de una indagatoria que podría transformarse en una de las más relevantes del caso Hermosilla.
Cuando la entonces ministra Vivanco cayó en desgracia —en septiembre del año pasado Ciper reveló sus chats con el abogado Luis Hermosilla, dejando al descubierto favores de ida y vuelta—, representantes de Codelco se reunieron con medios de comunicación y representantes de la Corte Suprema, y en esas reuniones el relato fue el mismo: tenían serias sospechas de la actuación de Vivanco durante el litigio judicial en que enfrentaron al consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec (CBM).
Según la versión de la cuprífera estatal, la entonces ministra de la Suprema había favorecido a CBM cada vez que le tocó estar al frente de la Tercera Sala, la Constitucional, donde se revisaron los escritos de CBM, que exigía que Codelco pagara montos millonarios luego de que la minera estatal decidiera finiquitar el contrato por la construcción de caminos para el proyecto Rajo Inca, al interior de la División Salvador, en la Región de Atacama. Codelco argumentó que la empresa presentaba retrasos severos en las obras, deudas con los proveedores y era responsable del accidente que le costó la vida a un trabajador. CBM recurrió a la justicia y Codelco ganó en la Corte de Apelaciones de Copiapó. Fue entonces cuando el consorcio chileno-bielorruso acudió a la Suprema.
CBM selló esa arremetida judicial con un triunfo categórico: en total Codelco debió pagarle más de $17 mil millones gracias a decisiones de la Tercera Sala de la Corte Suprema, la que falló a su favor en seis ocasiones entre 2023 y 2024.
Las sospechas de Codelco respecto de las actuaciones de Vivanco se hicieron públicas en un reportaje de El Mostrador, que bautizó la trama como “muñeca bielorrusa”. Entonces la fiscalía decidió iniciar de oficio una investigación, la que en septiembre quedó a cargo de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer. En ese momento Vivanco estaba suspendida, pero el 10 de octubre la Corte Suprema decidió removerla de su cargo y pocos días más tarde el Senado aprobó una acusación constitucional en su contra.
En completo sigilo, un día después de su expulsión del Poder Judicial, la fiscalía logró alzar el secreto bancario de Vivanco, de su pareja, Gonzalo Migueles, y de al menos tres de los abogados que representaron a CBM en su disputa con Codelco: Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber. El análisis de esas cuentas bancarias quedó a cargo del OS7 de Carabineros, organismo que finalizó su revisión el pasado 30 de mayo. Las conclusiones contenidas en ese informe motivaron al Ministerio Público a ampliar la indagatoria contra Vivanco.
Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles en una foto de un viaje publicada en redes sociales
Si inicialmente la investigaron por cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible, ahora sumaron el delito de lavado de activos. Así consta en un escrito enviado por la fiscal Wittwer al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramita la causa. Allí se asegura que el informe del OS7 de Carabineros “da cuenta de la existencia de maniobras concordantes con conductas y tipologías de lavado de activos”, tal y como reveló Mega Investiga.
El giro en la indagatoria se selló cuando los análisis del OS7 detectaron pagos sospechosos en la cuenta de Gonzalo Migueles, la pareja de Vivanco. Destacan cinco transferencias por $5 millones cada una, en total $25 millones, que recibió entre el 17 y el 19 de junio de 2024, de parte de la sociedad Yamil Najle Empresa Periodística E.I.R.L, con la cual Yamil Najle controla el periódico El Heraldo de Linares.
Dos meses después de estas transferencias, la Corte de Apelaciones de Chillán nombró a Najle como conservador de bienes raíces de esa ciudad. En esa institución indicaron que Migueles es su asesor, aunque no entregaron más detalles.
Las transferencias recibidas por Migueles ocurrieron inmediatamente después de que Codelco depositara parte de lo adeudado a CBM en una cuenta de uno de los abogados del consorcio, Eduardo Lagos, lo que despertó las sospechas de los investigadores de que ambas operaciones podrían estar relacionadas.
Los millonarios movimientos de fondos que ocurrieron entre el 14 y el 19 de junio del año pasado son los que tienen a Ángela Vivanco, a su pareja y a los abogados de CBM bajo el escrutinio de la justicia por eventual lavado de activos.
Los pagos bajo investigación
El depósito de Codelco a la cuenta del abogado Eduardo Lagos en el banco Itaú fue por exactos $1.026.602.196 (vea aquí copia de la transferencia bancaria). Era la última de cuatro transferencias para cumplir con lo ordenado por los fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema.
En la cartola bancaria de Lagos aparece, pocos días después del depósito de Codelco, el pago de un cheque por $820 millones a Inversiones Mar Adriático Limitada, propiedad de una de las familias controladoras del consorcio chileno bielorruso CBM.
Cheque del abogado Eduardo Lagos a la sociedad de una de las familias controladoras del Consorcio CBM
Era parte del plan. Fuentes de CBM indicaron que fue la fórmula que encontraron para evitar que el último pago de Codelco quedara retenido debido a que enfrentaban un proceso de quiebra. Descontando esos $820 millones al pago realizado por Codelco, en la cuenta de Lagos quedaron $206 millones de la transferencia original.
Según una carta que el propio Lagos envió a CBM, la empresa chileno-bielorrusa le adeudaba un monto de $165 millones de sus honorarios (lea aquí esa carta). Las fuentes de CBM dijeron que esa deuda se pagó con el saldo del pago de Codelco que quedó en la cuenta corriente del abogado.
La suma de los $820 millones que Lagos pagó a Inversiones Mar Adriático y los $165 millones que habrían correspondido a sus honorarios, es de $985 millones. Al descontar ese monto de los $1.026 mil millones depositados por Codelco a la cuenta de Lagos, hay $41 millones cuyo destino hasta ahora no tiene una explicación clara.
Desde CBM indicaron que el abogado Eduardo Lagos no les comunicó qué hizo con ese dinero. Dijeron que existen correos electrónicos donde ellos le cobran esa diferencia, pero que hasta ahora él no les ha devuelto los $41 millones. Aunque prometieron hacer llegar copia de esos emails, hasta el cierre de la edición de este reportaje eso no ocurrió.
En el entorno del abogado Eduardo Lagos entregaron una versión distinta. Allí indicaron que el 17 de junio de 2024 debieron girar un cheque por $45 millones a un cliente de él que le había realizado un préstamo a CBM, debido a su delicada situación financiera. Y aunque el pago de ese cheque está registrado en la cuenta corriente de Eduardo Lagos en el banco Itaú, las mismas fuentes no quisieron confirmar la identidad de la persona a la que le pagaron ese monto. También se negaron a entregar una copia de ese cheque.
Desde CBM negaron haber pedido un préstamo por $45 millones a un cliente del abogado Eduardo Lagos.
En ese monto está la clave de la investigación del Ministerio Público, pues según fuentes de la indagatoria las sospechas de lavado de activos se fundan en el destino de ese dinero. Si efectivamente el monto no se devolvió al supuesto cliente, lo que se investiga es si parte de del dinero terminó en poder de Yamil Najle Empresa Periodística E.I.R.L. y, por lo tanto, si es el origen de los $25 millones que Najle transfirió a Gonzalo Migueles, la pareja de la entonces jueza Ángela Vivanco.
De confirmarse la sospecha que se abrió tras la recepción del informe del OS7, se daría la paradoja de que el dinero utilizado para supuestamente influir en el voto de Vivanco habría salido directamente de las propias arcas de Codelco.
La jueza, el abogado y el conservador
Mario Vargas y Eduardo Lagos conforman una dupla de abogados penalistas que ha participado en casos de alta connotación pública. Ambos fueron parte de la defensa del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, recientemente condenado por delitos de corrupción. También han representado a Marco Antonio López, “Parived”, investigado en el caso Relojes; y a la empresa Best Quality, querellante contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso de las farmacias populares.
La misma dupla representó a CBM desde marzo de 2023, cuando el consorcio chileno-bielorruso presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Buscaban que Codelco les devolviera la maquinaria de su propiedad que estaba al interior de la División Salvador, en la Región de Atacama, luego de que la empresa estatal finiquitara unilateralmente un contrato para la construcción de caminos. Además, solicitaron que se concretara el último estado de pago, el que a su juicio estaba en mora.
La Corte de Copiapó rechazó ese recurso y fue entonces cuando los abogados Lagos y Vargas escalaron el conflicto a la Corte Suprema.
Entre junio de 2023 y junio de 2024, el máximo tribunal falló en seis ocasiones en favor de CBM. Primero dándoles la razón y obligando a Codelco a devolver las maquinarías y cancelar el estado de pago que estaba retenido ($11,7 mil millones). Luego rechazando solicitudes de nulidad presentadas por Codelco y visando las peticiones de CBM para que Codelco financiara la desmovilización de las maquinarias ($4,4 mil millones), y finalmente dando luz verde para que se reajustara el costo de la desmovilización ($1.026 mil millones).
En total, $17.176.977.730. En todas las ocasiones en que CBM triunfó en la Corte Suprema, la entonces ministra Vivanco concurrió con su voto a favor de la empresa. La entonces ministra Ángela Vivanco fue la única integrante del máximo tribunal que participó en todos los fallos favorables a CBM. En algunas ocasiones estuvo acompañada en sus decisiones por otros ministros como Mario Carroza, Diego Simpertigue y el exsupremo Sergio Muñoz, mientras que las ministras María Cristina Gajardo y Adelina Ravanales estuvieron en contra de algunas de las decisiones que beneficiaron al consorcio chileno bielorruso.
La única vez que el máximo tribunal le dijo que no al consorcio chileno bielorruso (cuando presentaron un recurso de queja en contra de ministros de Copiapó que rechazaron la solicitud de reajuste de los costos de desmovilización de la maquinaria), Ángela Vivanco no estaba integrando la Tercera Sala constitucional, que fue el escenario donde se libró la batalla judicial.
En todo caso, esa decisión se revirtió pocas semanas después cuando Vivanco ya estaba de vuelta en su puesto
Todos los pagos realizados por Codelco se depositaron directamente en cuentas corrientes de CBM. Excepto el último.
El 17 de mayo de 2024 el abogado Eduardo Lagos solicitó a la Corte de Copiapó que ese pago final —correspondiente al reajuste por el gasto de la desmovilización de la maquinaria— se realizara en su cuenta corriente personal.
Fuentes de CBM dijeron que entonces tenían un conflicto con otra empresa, lo que originó su quiebra, y que si recibían en sus cuentas bancarias ese dinero, lo más probable es que fuera retenido.
LaBot se reunió con el abogado Eduardo Lagos, quien sin embargo no quiso responder preguntas. La misma decisión tomó el abogado de Ángela Vivanco, Carlos Mora: “Considerando que no sabemos nada, no me puedo hacer cargo… No sabemos en qué se basa el lavado de activos”, indicó.
Gonzalo Migueles aceptó recibir preguntas para este reportaje, pero optó por no responderlas.
Tampoco quiso responder el actual conservador de bienes raíces de Chillán, Yamil Najle, quien controla la empresa que realizó las transferencias a la cuenta de Gonzalo Migueles, y que ahora están siendo investigadas por la fiscalía.
La investigación judicial deberá determinar cuál es el grado de cercanía de Yamil Najle con la dupla Vivanco/Migueles. Según consta en los registros bancarios de Gonzalo Migueles, el 18 de julio de 2021 Yamil Najle le transfirió $1 millón, con el siguiente mensaje anexado: “Disfrute con su señora”.
Sobre la cercanía de Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles con el abogado Mario Vargas —socio de Eduardo Lagos—, hay más huellas.
Ciper hizo público un video de la celebración del cumpleaños de Vivanco en marzo de 2024, donde se ve a Mario Vargas festejando junto a otro de los jueces investigados en el caso Hermosilla, Antonio Ulloa. Y The Clinic reveló que el mismo Mario Vargas asesoró a Migueles cuando el Ministerio Público le requisó su teléfono celular en julio de 2024.
Eso ocurrió en el marco de otra investigación, donde se indaga el ofrecimiento de Migueles a Carlos Palma, el suspendido fiscal regional de Aysén, cuando este último competía por el cargo de fiscal nacional.
