La tentación de ganar dinero rápido y fácil es el denominador común entre quienes han sido engañados por plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Con un modus operandi que se repite, estas empresas actúan protegidas por el anonimato que les entrega internet y las transacciones con estas monedas virtuales, lejos del alcance de la justicia chilena.
Billeteras electrónicas y softwares especializados son las herramientas del Ministerio Público y la PDI para intentar perseguir el lavado de dinero del tráfico drogas, la trata de personas, extorsiones, estafas y fraudes con criptomonedas que utilizan organizaciones como el Tren de Aragua.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación rastreó decenas de miles de transacciones y descubrió que las principales plataformas de comercio de criptomonedas estaban inundadas de dinero sucio.
El ex primer ministro británico Tony Blair lidera un instituto que lleva su nombre y recibe un millonario financiamiento del fundador de Oracle, Larry Ellison. Esos lazos marcan su agenda sobre el manejo de los datos personales en su país y su lobby por la inteligencia artificial en el Sur Global.
Google ha firmado más de 2000 contratos con medios de comunicación de todo el mundo en los últimos cinco años. Los acuerdos incluyen más que financiación y la amenaza de perderla, pues se sostienen en el secreto.
Mientras en buena parte del mundo se encienden alarmas por el impacto de la masiva construcción de data centers en el consumo de energía y agua, Chile apuesta por aprovechar la promesa del boom de la inteligencia artificial. El gobierno minimiza las exigencias e incluso prepara un mapa para que las empresas tecnológicas puedan invertir rápido y sin inconvenientes en polos tecnológicos de Antofagasta y Magallanes.
La industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la región a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Buscan satisfacer la nueva demanda de procesamiento de la Inteligencia Artificial. Y varios gobiernos están recibiendo a esta industria con brazos abiertos. Los vecinos de esos centros, sin embargo, por ahora, les han visto la cara fea: menos agua, cortes de energía o ruido incesante.
La ascendente carrera política de la abogada Aisén Etcheverry parece incombustible. Pese a ser cuestionada por Contraloría por saltar de AWS a un puesto de gobierno en que participó de una decisión que involucraba a la empresa, el presidente Boric le encargó un plan de centros de datos, la puso al frente de dos ministerios y ahora le encomendó un plan para el cierre de su gobierno.
A través de organizaciones internacionales, bufetes de abogados y grupos de presión corporativos, estas gigantescas empresas acumulan influencia y establecen relaciones para bloquear o modificar la regulación en función de sus intereses.
Los ingresos de Alphabet, la matriz de Google, casi equivalen al PIB de Chile. Su tamaño les entrega poder de negociación, que utilizan para influir en las políticas públicas. Mucho se ha escrito de sus tácticas en países desarrollados; acá investigamos cómo operan en el resto del mundo.
El Ministerio Público investiga por lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Las pesquisas hallaron transferencias bancarias sospechosas en la cuenta de su pareja, Gonzalo Migueles. También están bajo la lupa los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silber y el conservador de bienes raíces de Chillán.
Bachelet y Piñera intentaron sin éxito prohibir que se añadieran sabores a los cigarrillos, un poderoso anzuelo para los jóvenes. BAT amenazó con cerrar sus plantas y ayudó a financiar el lobby de los agricultores. El gobierno de Boric prometió prohibir los sabores, pero no lo ha hecho. Este reportaje reconstruye cómo Chile ha permitido que los cigarrillos con cápsulas dominen el mercado.
Las empresas lanzan Marlboros de sandía y Luckies de mentol-arándano a pesar de las promesas de un futuro “libre de humo” y hacen lobby para impedir las prohibiciones en América Latina. Los cigarrillos “click” tienen cápsulas triturables en el filtro que impregnan el humo con sabores y son los productos estrella en países como Chile, que tiene la tasa más alta de tabaquismo del hemisferio occidental.
El Fisco podría financiar cinco hospitales gracias a las liquidaciones tributarias que realizó el SII en las más de 200 auditorías que abrió tras los reportajes originados en grandes filtraciones recibidas por ICIJ, cuyos capítulos chilenos fueron elaborados y difundidos por CIPER, el último ellos en conjunto con LaBot. La cifra aún no contabiliza la investigación por los Pandora Papers. Tampoco implica que se haya recaudado ese monto, sino que es lo cobrado por el SII.
Pese al fin de la alerta sanitaria por el Covid-19 y a que sucesivos fallos del Consejo para la Transparencia han determinado que es información pública, el Ministerio de Salud chileno insiste en mantener en secreto los contratos que firmó con las empresas farmacéuticas para la compra de vacunas. También se niega a entregar información sobre los precios pagados por cada dosis, datos que ya han sido entregados por varios países de la región, como demuestra una investigación transnacional liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta), en la que participó LaBot. Aunque el gobierno asegura que los montos pagados están publicados, calcular los totales es imposible debido a errores e imprecisiones.
Un grupo de políticos latinoamericanos, agrupados en la fundación creada por el partido ultraderechista español, han repetido una estrategia para intentar deslegitimar, repitiendo una misma letanía, los resultados electorales en varios países de América Latina. La jugada también ha sido apoyada por actividad de redes sociales que tiene indicios de ser inauténtica.
Vienen de Colombia, España, Estados Unidos, Perú, México o Israel. Florecen en campañas electorales. Son los consultores en comunicación política. Esta investigación revela secretos inconfesables de empresas internacionales que vendieron influencia y victorias en Honduras. Sin regulación ni transparencia, no sorprende que Honduras se lleve el récord regional de cuentas eliminadas por Meta y Twitter porque eran piezas de operaciones de desinformación coordinadas e inauténticas.
Originario de San Pablo, André Golabek fue el verdadero creador de una app gubernamental en Venezuela que Maduro vendió como nacional y que captura millones de datos de los ciudadanos. Fundó además Venqis, una empresa de comunicación política que asesoró campañas que coincidieron con la actividad de centenares de cuentas falsas que difundieron desinformación y propaganda a favor de aspirantes bolivarianos a gobernaciones de Venezuela y de funcionarios en Panamá, Bolivia y República Dominicana. Twitter las tumbó casi todas, pero fue creada una nueva camada para hacerle bombo al actual candidato presidencial de Panamá José Gabriel Carrizo.
La consultora Neurona y su fundador, el mexicano César Hernández, crearon y alimentaron una red de por lo menos 116 dominios en diversos países, 31 de los cuales eran medios de comunicación que actuaron de forma inauténtica. Con ellos inflaron logros de diversos gobiernos y partidos de izquierda que los contrataron. Aunque investigada en España, Ecuador y Bolivia por presuntos delitos electorales y financieros, poco se conocen sus prácticas que intentan manipular a cientos de miles de usuarios en Internet. Esta investigación transfronteriza las devela y muestra cómo sigue viva y hoy promueve a Adán Augusto López, aspirante a presidente de México, y a otras figuras políticas de Morena.
Un telegrama del Ministerio de Relaciones Exteriores muestra que el hijo de Jair Bolsonaro fue a Buenos Aires, en octubre de 2022, en un viaje oficial a pesar de que más bien pareció cumplir con una agenda electoral. Además, la campaña de reelección del diputado pagó a un empleado del consultor argentino Fernando Cerimedo.
El consultor argentino Fernando Cerimedo, amigo de Milei y Bolsonaro, ha estado detrás de una serie de operaciones de desinformación: una encuesta sesgada, mentiras sobre el proyecto de constitución de la Convención e inventos sobre la salud de Boric. En Chile, Cerimedo es socio de Numen SpA. junto al abogado conservador Enrique José García Arancibia. García es uno de los 12 árbitros del Comité que debe decidir qué es admisible en la Nueva Constitución, hasta donde llegó apoyado por el Partido de la Gente.
El consultor argentino, un personaje excéntrico y provocador, irrumpió en la política sudamericana desde 2020 por su intervención en campañas electorales en medios digitales para la ultraderecha. Aunque su pasado es un misterio, Cerimedo se ha instalado con polémicas campañas que incluyeron desinformación en Chile y Brasil. Su próximo objetivo, convertir en Presidente de Argentina al diputado de extrema derecha Javier Milei.
En una campaña con escaso control sobre el destino de los fondos recaudados, más de la mitad de los representantes de las organizaciones que el Servel autorizó para recolectar donaciones tenía fuertes vínculos políticos, ya sea como militantes de partidos o por haber ejercido cargos públicos. Exconvencionales, consejeros regionales, autoridades y figuras públicas son parte de la hasta ahora desconocida lista, que se obtuvo gracias a la Ley de Transparencia tras un fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó la negativa del Servel a entregar la información. Se impuso el derecho de los ciudadanos a conocer quién financia y a quién se financia en los procesos electorales
Una nueva investigación penal muestra cómo madera robada desde los predios de las forestales Arauco y Mininco se lava con facturas falsas y reingresa al mercado formal, incluso a través de empresas que tienen certificación FSC de cadena de custodia. Paradójicamente, en la lista de compradores figura la propia Arauco, que pudo haber adquirido la misma madera que le robaron, aunque se percataron del origen dudoso y cortaron lazos con el proveedor.
Los montos gastados en la compra de mercadería para sus vecinos son quizás la mayor muestra de la diferencia en las prioridades que tuvieron las comunas más ricas y las más pobres de Santiago durante la pandemia. Áreas verdes y gestión de basura están entre los mayores gastos de todas las municipalidades, aunque los montos difieren según sus presupuestos, de acuerdo a un análisis de los últimos cuatro años hecho por LaBot en conjunto con la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta).
Según las indagaciones del SII, la forestal japonesa Volterra era la destinataria de tres cadenas de compra-venta de madera de origen adulterado, pero eso no afectó sus certificaciones de cadena de custodia FSC y PEFC. La auditora de Volterra, Bureau Veritas, estimó que la documentación era correcta. Esta es la segunda parte del capítulo chileno de Deforestation INC., un proyecto colaborativo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en que participaron 140 periodistas de todo el mundo.
El intento por perseguir el robo de madera en la provincia de Arauco gatilló una investigación del Servicio de Impuestos Internos a tres cadenas de compra y venta en que se adulteraba el origen de los predios desde donde se extraía la madera. Las principales empresas involucradas contaban con una certificación de cadena de custodia que debía permitir dar trazabilidad a la madera, pero su origen hasta ahora se desconoce. Esta es la primera parte del capítulo chileno de Deforestation INC., un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) en el que participan 39 medios de todo el mundo y que expone las falencias del sistema de certificación forestal.
La gigante de la auditoría financiera también se dedica a la auditoría forestal. Apoyó a una empresa de Indonesia con una cadena de abastecimiento acosada por acusaciones de deforestación y a un proyecto en Canadá que arrasó con los bosques y amenaza la forma de vida de una comunidad indígena. Mientras tanto, abrió una nueva línea de negocio que la convirtió en una campeona contra el cambio climático.
Una nueva investigación transfronteriza de ICIJ expone las debilidades de la certificación ambiental, un sistema diseñado para combatir la destrucción de los bosques pero que en ocasiones ha amparado la deforestación. Esta es la primera parte de un proyecto en que participaron 39 medios de todo el mundo, entre ellos LaBot, que publicará los capítulos chilenos en los próximos días.
La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas a Irak. Recién en 2006, los abogados de ARIFA se preocuparon del pasado de Cardoen y quisieron cortar la relación. Desistieron cuando se les informó que en Chile “sus asuntos con Estados Unidos” los conducía un estudio jurídico que tenía entre sus socios al ministro de Justicia de la época, Isidro Solís. Hoy Cardoen está a la espera de que se resuelva una solicitud ante la Cancillería para revertir la alerta roja de Interpol que le impide salir del país.
El análisis de las compras públicas de medicamentos para tratar problemas de salud mental arroja que el gasto en 2021 se duplicó con respecto a 2019, antes de la pandemia. A la mayor demanda se sumaron algunos quiebres de stock y una oferta que se caracterizó por falta de competencia, con proveedores únicos y conglomerados farmacéuticos que concentraron la venta de ciertos productos a través de distintas marcas.
Los Pandora Papers aún guardan secretos de la elite chilena que ha manejado su patrimonio en paraísos fiscales. El apellido Bitar se repite en distintos documentos y son dos las ramas de la familia que aparecen con sociedades y trusts en jurisdicciones offshore: la de Sergio, quien fue senador y ministro de la Unidad Popular y de la ex Concertación, y la de Lorenzo, su hermano radicado en Perú desde los años 60 y padre de Cristina Bitar, quien también figura en los Pandora Papers.
Cuando el reportaje de CIPER y LaBot reveló que una parte del pago por la Minera Dominga se condicionó a que al terreno donde se desarrollaría no se le impusieran restricciones ambientales, desde la defensa del exmandatario aseguraron que se trataba de una cláusula habitual en ese tipo de negocios. Lo que no dijeron fue que se trató de una exigencia de los compradores, la familia Délano, que temían porque Piñera poco tiempo antes se había saltado los protocolos para bajar la termoeléctrica Barrancones. Tampoco contaron que el hijo mayor de los Piñera Morel viajó a conocer el terreno donde se ejecutaría el proyecto, y que fue la sociedad donde participaba la familia presidencial la que exigió que la mayor parte de la transacción se realizara en las Islas Vírgenes Británicas.
Parte de la información “en bruto” usada para esta investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
En algunos países de América Latina, el desabastecimiento de medicamentos fue una de las grandes preocupaciones en las unidades pediátricas de oncología. En Chile, pese a que los tratamientos tuvieron continuidad, muchos vieron restringido su derecho a ser acompañados por sus padres durante las hospitalizaciones. En ciertos periodos, hubo recintos que simplemente suspendieron las visitas. A la angustia por la enfermedad se sumaron la soledad y falta de cuidados.
Las familias Saieh, Selume y Abumohor comparten negocios hace décadas. A ellos se suma el banquero Alberto Muchnick, con quien Álvaro Saieh y Jorge Selume tienen una larga amistad. Los Pandora Papers entregan detalles de los negocios offshore que vinculan a este puñado de empresarios. Dos sociedades en Islas Vírgenes Británicas conectan con Corpgroup –controlado por la familia Saieh– y en una convergen otras 13 offshore, dos vinculadas a Jorge Selume y René Abumohor. Muchnick aparece con una sociedad en esa jurisdicción, pero no es todo: sus empresas de gestión de inversiones administran decenas de sociedades en Islas Vírgenes Británicas para terceros: empresarios, ex futbolistas, un notario suplente y un abogado asesor del Ministerio Público. Aparece también Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi, con quien ha emprendido una serie de negocios.
Fútbol, banca, inversiones y transporte aéreo son algunos de los rubros en los que se han desempeñado quienes aparecen en esta nueva entrega del capítulo chileno de los Pandora Papers. Algunos optaron por constituir sociedades; otros por establecer trust o fundaciones privadas para gestionar sus inversiones o resguardar su patrimonio familiar. Todos en jurisdicciones secretas y de baja tributación: desde Panamá, pasando por Belice, Liechtenstein hasta Islas Vírgenes Británicas. Como beneficiarios de esas estructuras figuran empresarios y directores de empresas como Jürgen y Holger Paulmann; Cristián Varela Noguera; la familia Weinstein; Segismundo Schulin-Zeuthen y Jorge Yarur Rey.
Los millones de documentos de Pandora Papers evidencian, entre otras cosas, que los paraísos fiscales o territorios de nula o baja tributación son refugios ideales para poner a resguardo, invertir o traspasar de padres a hijos los patrimonios familiares del 1% más rico. Así lo muestran los casos de los Piñera Morel, los Luksic, los Délano y la familia Farkas, publicados en entregas anteriores. En este reportaje detallamos los movimientos offshore de las familias Cueto Plaza, Cortés Solari y Errázuriz Ovalle. Esta última representa el caso clásico de traspaso patrimonial entre generaciones: lo hizo a través de una fundación privada panameña cuyos activos no pueden ser embargados por obligaciones personales de sus beneficiarios.
Las revelaciones de Pandora Papers dejaron al descubierto el entramado financiero offshore creado por los Legionarios de Cristo para poner unos US$295 millones lejos de los auditores del Vaticano, que ya investigaban los abusos sexuales cometidos por el fundador de la congregación, Marcial Maciel (fallecido en 2008). Las revelaciones detallan, entre otras cosas, el camino que recorrían los dineros para llegar a un fideicomiso abierto en Nueva Zelanda en 2010. Se estima que antes de llegar a ese fondo, el dinero pudo transitar por Suiza, Estados Unidos, Inglaterra y México.
La filtración de Pandora Papers arrojó luz sobre varias sociedades que Carlos Alberto Délano y su familia han manejado en jurisdicciones de baja o nula tributación. A través de una de ellas compró Minera Dominga. Sus actividades en Islas Vírgenes Británicas comenzaron en 1994. En ese paraíso fiscal también se registraron operaciones ligadas a Penta y al fallecido Hugo Bravo. El caso Penta no puso la lupa en estas sociedades, pero el escándalo los volvió clientes indeseables incluso en las Islas Vírgenes Británicas. En enero de 2015 la empresa que manejaba las sociedades renunció a gestionarlas y envió un reporte de actividades sospechosas al regulador local.
Documentos de Pandora Papers revelan que en 2008 el empresario Leonardo Farkas recurrió a los servicios de Alcogal para constituir tres fundaciones de interés privado (FIP) en Panamá y organizar la sucesión de su patrimonio. Las fundaciones privadas panameñas no son necesariamente entidades dedicadas a la caridad: funcionan principalmente como cajas fuerte en las que los activos a su cuidado están libres de impuestos y no pueden ser objeto de embargo. Según su abogado, el empresario nunca las utilizó, pero documentos muestran que estuvieron vigentes por una década. Entre los registros también aparece una sociedad anónima panameña con cuentas en Suiza y que Farkas desconoce, pero que en 2017 emitió sus acciones a nombre de una de sus tres fundaciones.
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