En una campaña con escaso control sobre el destino de los fondos recaudados, más de la mitad de los representantes de las organizaciones que el Servel autorizó para recolectar donaciones tenía fuertes vínculos políticos, ya sea como militantes de partidos o por haber ejercido cargos públicos. Exconvencionales, consejeros regionales, autoridades y figuras públicas son parte de la hasta ahora desconocida lista, que se obtuvo gracias a la Ley de Transparencia tras un fallo de la Corte de Apelaciones que rechazó la negativa del Servel a entregar la información. Se impuso el derecho de los ciudadanos a conocer quién financia y a quién se financia en los procesos electorales
Si en las últimas semanas diversas organizaciones de la sociedad civil han estado bajo la lupa por sus contratos con el Estado y las transferencias de fondos públicos que han recibido, su participación en los plebiscitos constitucionales fue diseñada con completa carta blanca y mínima rendición de cuentas. En un proceso excepcional, al igual que las normas que lo rigieron, lejos de la transparencia exigida en elecciones regulares, la campaña de 2022 estuvo marcada por la falta de información sobre quiénes crearon y dirigieron las organizaciones autorizadas para recibir dinero de la ciudadanía para las opciones Apruebo y Rechazo. Los datos sobre los representantes de estas organizaciones y los delegados que las formaron no estuvieron disponibles hasta ahora: gracias a una solicitud de Transparencia que llegó hasta la Corte de Apelaciones, LaBot y CIPER accedieron a la lista.
De un total de 635 entidades inscritas ante el Servel, se rastreó la información sobre los representantes de las 163 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que declararon haber recibido aportes para financiar campañas. El Rechazo inscribió 99, frente a las 64 del Apruebo, y recibió $2.354 millones en aportes, sextuplicando los $386 millones que recaudó la opción que apoyaba la propuesta de la Convención Constitucional (vea acá la nómina completa de las OSC que recibieron donaciones).
La información recopilada también muestra que el 56% de los representantes de las organizaciones civiles tenía algún tipo de vinculación política, ya sea a través de la militancia en partidos o por ostentar cargos públicos, como ex miembros de la Convención Constitucional o sus asesores, consejeros regionales y concejales, entre otros.
CIPER y LaBot identificaron que, si bien los nombres restantes no tienen vinculación directa con el mundo político, muchos de los representantes de las organizaciones son figuras públicas, empresarios y/o abogados con tendencias políticas reconocidas, como era esperable. Sin embargo, también hay un conjunto de representantes de quienes no hay huellas en internet o redes sociales, y la información sobre sus organizaciones es igual de desconocida. Un ejemplo es la organización Chile Informa (Rechazo), que además fue la tercera con mayor financiamiento para la campaña ($148 millones). No existe información pública sobre su representante, Luis Miguel Muñoz Urbina, y la organización no cuenta con RUT o personalidad jurídica.
También se encontró que en algunos casos los representantes parecieran no tener una relación aparente con la organización que representaron, como es el caso de Karen Barrera, que inscribió Lecheros del Sur de Chile. La entidad tiene entre sus aportantes públicos a empresarios ganaderos, lecheros y agrícolas, y declaró haber recaudado $63 millones. Contactada para este reportaje, Karen Barrera dijo ser secretaria y señaló que “efectivamente, yo representé a esa OSC en su momento”.
Quién es quién
De acuerdo con el rastreo de CIPER y LaBot, más de la mitad de los representantes de las organizaciones analizadas registran vinculaciones políticas. Según los datos del Servel se trata de 91 personas, de las cuales 56 figuraban como militantes hasta septiembre de 2021.
El partido con más afiliados en la lista es Renovación Nacional (RN), con 15 representantes. Destacan nombres como Julio Anativia (de la OSC Por la gente de Arauco), ex gobernador de Concepción; y Juan Bautista Ibacache (Quillota Petorca rechaza), presidente del distrito 10 de RN en la Región de Valparaíso y candidato por el partido en distintas elecciones. Tanto la asesora del senador Manuel Ossandón y concejala de la Municipalidad de Pirque hasta 2021, Natalia Pérez (Aquí estamos por Chile), como su esposo Jorge Toro Catalán (Me importa Chile) crearon una OSC para este plebiscito. «Así es. Fundadores de organizaciones de la sociedad civil que acreditamos ante el Servel, por las cuales recibimos aportes que también declaramos y finalmente incurrimos en gastos por la campaña del Rechazo, que también fueron correctamente rendidos”, explicó Pérez.
También hay nueve representantes de Evópoli, entre ellos Francisco Leyton Muñoz (Sentido Común), abogado y comisionado político del partido, quien además fue jefe de gabinete y asesor jurídico de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región del Maule y asesor del diputado Jorge Guzmán, y Vania Zagal (Agrupación Ciudadana), una de las vicepresidentas de la directiva regional de Evópoli en Biobío.
Entre los militantes de otros partidos están Rodrigo Vergara (Comunidad Abierta), miembro de la Democracia Cristiana y ex Seremi de Bienes Nacionales de Valparaíso entre 2016 y 2018, y Fernando Krauss Ruz (Instituto Igualdad), ex vicepresidente del Partido Socialista. Un caso particular es el de la Fundación Territorios Colectivos, representada por Juan Pablo Espinoza Monrroy, militante de Convergencia Social. Un reciente reportaje de CIPER sobre fundaciones del Frente Amplio que recibieron fondos públicos determinó que está compuesta por un núcleo de correligionarios de Espinoza Monrroy, pero curiosamente su mayor aporte para el plebiscito fue del Partido Socialista: $15 millones de los $18,3 millones que logró recaudar.
CIPER y LaBot detectaron representantes de organizaciones que también estuvieron vinculados con el proceso constitucional de 2022, entre los que se cuentan ocho miembros de la Convención Constitucional, además de algunos de sus asesores. La ex presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (Ciencias para la democracia); Fernando Salinas (Asamblea territorial Maule sur) y Loreto Vallejos (Pueblo constituyente), electos por La Lista del Pueblo; Eric Chinga (Coordinadora constituyente plurinacional y popular), escaño reservado del Pueblo Diaguita y el RN Roberto Vega (Somos región) son algunos de ellos. También figura Alihuen Antileo (Plataforma política mapuche), el único integrante del actual Consejo Constitucional electo en un escaño reservado (Pueblo Mapuche).
Otros representantes de organizaciones que recibieron financiamiento electoral son empresarios y figuras públicamente conocidas que no registran militancia pero están vinculados a partidos, como Juan Francisco Mackenna (Fundación coordinadora nacional de movimientos ciudadanos), abogado socio de Carey y ex director del Instituto Libertad de RN; Arnoldo René Merino Blanco (Por una Constitución bien hecha), médico y ex dirigente viñatero, quien fue candidato independiente a la Convención en cupo Evópoli, y Javiera Parada (Una que nos una), actriz y colaboradora asociada de Horizontal, el centro de estudios de Evópoli. Entre los “rostros” no partidistas destaca el actor Cristián de la Fuente (Chile merece más), quien se vinculó activamente a la campaña del Rechazo.
Organizaciones con más aportes y sus representantes
Nueve de las diez organizaciones que recibieron mayores donaciones estaban inscritas por el Rechazo. La lista la encabezan Con Mi Plata No, con $173 millones, monto superior al tope de gasto electoral autorizado, e Impulso Norte, con $150 millones. Esta es la nómina de las diez OSC que recibieron más aportes:
Impulso Norte, la segunda organización con más financiamiento aparece a nombre de Juan Carlos Salfate, socio de Mosaiko Producciones Limitada, quien junto al actual senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, fundó L90 Cine Digital LTDA en 2008. En diciembre pasado Mega denunció que Cruz Coke le arrienda una oficina a su ex socio con su asignación parlamentaria y que además fue su principal proveedor de campaña. La organización Impulso Norte no cuenta con personalidad jurídica y no estuvo inscrita en la Franja Ciudadana del Rechazo.
Por el lado del Apruebo, fue la Corporación Aprueba por Chile la que registró el mayor monto de donaciones, con una suma de $132 millones. Como representante legal de la organización aparece registrada la abogada Florencia Pinto Troncoso, quien fue candidata a concejala por Recoleta representando a Convergencia Social (militancia registrada al menos hasta septiembre de 2021). Además, es abogada asesora del Programa de Seguimiento de Causas Judiciales del Ministerio del Interior desde enero de 2023 en Temuco.
La siguiente en la lista por el Apruebo fue Democracia Viva, con aportes de casi $52 millones, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD). La organización está siendo investigada por el Ministerio Público luego de que se revelara que su representante y fundador Daniel Andrade era pareja de la diputada por Antofagasta, Catalina Pérez (RD). El año pasado la fundación suscribió convenios de colaboración de hasta $426 millones de pesos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, la que era liderada por Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de Pérez. Andrade también fue candidato a constituyente para la Convención en la lista Apruebo Dignidad.
Organizaciones civiles sin control
LaBot solicitó los nombres de los responsables de las organizaciones de la sociedad civil vía Transparencia el mismo día en que el Servel oficializó las autorizaciones para hacer campaña en el plebiscito 2022. Las reglas para el funcionamiento de estas colectividades fueron igual de excepcionales que el proceso político que se estaba viviendo. En una elección regular sólo partidos y candidatos pueden recibir aportes a una cuenta especial de Banco Estado y luego deben dar una rendición detallada de sus gastos. En esta ocasión se aceptó que organizaciones de la sociedad civil recibieran dinero e hicieran campaña sin ninguna exigencia: no necesitaban tener personalidad jurídica; los nombres de los representantes no fueron publicados, por lo que de muchas sólo se conocía un nombre de fantasía; y no debieron informar al Servel en qué gastaron el dinero.
Fueron 668 las organizaciones aceptadas para participar por el Servicio Electoral, de las cuales un 95% pertenecía a la sociedad civil y el 5% restante se dividió entre partidos políticos y parlamentarios independientes. Las organizaciones tenían la facultad de recepcionar aportes, efectuar propaganda y participar de la franja televisiva del plebiscito 2022 gracias al cumplimiento de sólo dos requisitos: no tener lucro y contar con al menos dos personas inscritas. Tener personalidad jurídica o acreditar actividades previas no fue necesario. Esta flexibilidad permitió que algunos movimientos inscribieran múltiples organizaciones con la posibilidad de aumentar el monto que la ley le permitía recibir a cada colectividad, como el caso de Amarillos por Chile, que contó con 50 grupos autorizados, sin rastro público —hasta ahora— sobre quiénes eran los representantes de cada entidad.
Para cada organización inscrita de manera individual, es decir, para participar de la campaña sin ser parte de un comando, se fijó un límite de gasto electoral de $150 millones (los comandos multiplicaban su tope según su cantidad de integrantes). La participación individual fue la modalidad elegida por 500 de las 635 colectividades de la sociedad civil, incluidas las de Amarillos por Chile. Según las declaraciones presentadas al Servel, sólo diez de las 50 colectividades adscritas al grupo recibieron aportes, los que suman casi $240 millones, aunque la multiplicidad de organizaciones que inscribieron les permitían recibir hasta $7.500 millones en conjunto. El siguiente cuadro muestra la nómina completa de las OSC relacionadas con Amarillos por Chile:
Los mayores aportes entre las OSC “amarillas” los recibió Amarillos x Chile ($127 millones), que tuvo entre sus más grandes benefactores a miembros de la familia dueña de Falabella, como Juan Cúneo y sus hijas Paola y Giorgianna. Como representante figura Sergio Solís Mateluna, empresario y hoy secretario general del partido Amarillos. Otros nombres conocidos que figuran como representante en el “multirut” amarillo son el escritor Mauricio Electoral (Asociación Centro de Estudios Amarillos por Chile), la empresaria, ex directora de ProChile durante el gobierno de Lagos y actual tesorera de Amarillos, Gabriela Riutort (Amarillos por Chile Quilimarí) y Bernardo Fontaine Montero (Amarillos por Chile Vitacura Escrivá de Balaguer), hijo del ex convencional Bernardo Fontaine Talavera, vocero de Con mi plata no y representante de RN en la Franja ciudadana del Rechazo.
Además de la opacidad sobre quiénes estaban detrás de las organizaciones de la sociedad civil, el escaso control sobre los aportes para la campaña del plebiscito de 2022 permitió que se produjeran desprolijidades que pasaron desapercibidas. Si bien en los procesos eleccionarios regulares el Servel centraliza las donaciones y gastos de los candidatos y partidos políticos en cuentas bancarias especiales, en la elección de 2022 puso en manos de los participantes toda la responsabilidad del manejo y reporte de estos dineros con la obligación de informar cada aporte en un máximo de tres días, plazo que no fue respetado por todas las organizaciones. Un ejemplo del desorden que generó el método es el caso de Fundación Democracia Viva, actualmente investigada por posible fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por convenios de colaboración de hasta $426 millones con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
Aunque el escándalo no tiene relación con los aportes electorales, que el nombre de Democracia Viva aparezca en los registros de organizaciones que recibieron plata para el plebiscito comenzó a generar cuestionamientos, a los que intentó responder Felipe Heusser, el ex coordinador de “Aprueba x Chile”, el comando central de los partidos del Apruebo. En una carta que Heusser escribió al Consejo para la Transparencia a la que La Tercera tuvo acceso, quedó en evidencia una inconsistencia entre el gasto electoral registrado en el Servel ($31 millones) y el que Heusser dice que recibió ($51 millones). La diferencia fue reportada fuera de plazo por Democracia Viva, según confirmó más tarde el Servel.
El caso de Democracia Viva llevó al Servel a iniciar una investigación y a publicar todos los aportes de campaña que recibió después del plazo legal. Además de $21 millones reportados tardíamente por Democracia Viva, aparecen otras siete organizaciones, tres que hicieron campaña por el Apruebo y cuatro por el Rechazo, que informaron a destiempo. Incluso cuatro de ellas —dos por cada alternativa—, registraron todos sus aportes fuera de plazo y no aparecieron en los reportes hasta ahora. Según informó El Mercurio, el Servel inició además un proceso sancionatorio contra Democracia Viva por otros “hallazgos contables” en la rendición.
Heusser reveló también en su carta que en “Aprueba x Chile” participaron “decenas” de organizaciones autorizadas por el Servel, las que concentraron todos los aportes en una misma página web, donde las personas hacían sus donaciones sin saber a qué entidad estaban apoyando, pues era el comando central el que distribuía los fondos. Al menos esa era la idea, pues el dirigente relató en su carta que la empresa que contrataron para recaudar los pagos, Reveniu, les transfirió a ellos el monto total, por lo que debieron solicitarle que revirtiera la operación y se la entregara a Democracia Viva. Ello, porque el comando, que operaba bajo la Corporación Aprueba por Chile, estaba llegando al límite de aportes, recibidos a través de transferencias bancarias.
El comando del Apruebo no habría sido el único en operar con una especie de “pool” de organizaciones, centralizando los aportes. En plena campaña las dudas acerca de la opacidad de las organizaciones civiles también fue reporteada por CIPER, que descubrió a una persona que aparecía como donante de una de las organizaciones de la sociedad civil (Chile Informa) y que afirmaba no conocer al grupo, pues aseguraba que su aporte había sido para Evópoli.
En ese momento, Eduardo Engel, quien dirigió la comisión que propuso los cambios al financiamiento político tras los casos Penta y SQM, dijo que la normativa tenía “problemas serios de falta de transparencia y monitoreo de las fuentes de financiamiento”, pues al no identificarse a quienes están detrás de las entidades que reciben los aportes “podrían ser organizaciones de fachada creadas por quienes no quieren aparecer públicamente apoyando una de las opciones”.
Derecho a la privacidad vs. interés público
La solicitud de transparencia realizada por LaBot en julio de 2022 para conocer los nombres detrás de las organizaciones civiles fue denegada por el Servel, que argumentó que la información podía significar una vulneración de los datos personales y preferencias políticas de los integrantes de las organizaciones. En contra de esta decisión se presentó un reclamo en el Consejo Para la Transparencia (CPLT), que falló a favor de LaBot, determinando que el Servel debía entregar la información.
Para el CPLT, el hecho de que los involucrados tuvieran que individualizarse para inscribirse como representantes o delegados de las organizaciones los puso al margen de la privacidad que la ley protege. Además, se consideró que existía un interés público y necesidad de control social sobre los antecedentes solicitados. Esta postura no fue unánime, ya que la abogada y consejera de la instancia Natalia González, que actualmente es miembro de la Comisión Experta del proceso constituyente, patrocinada por la UDI, defendió que los representantes ya habían sido sujetos al control del Servel, por lo que no existía una habilitación legal para divulgar su información a terceros.
No conforme con la decisión del CPLT, el Servel presentó un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones, ante el cual LaBot se hizo parte como tercera interesada. En esa instancia el organismo electoral argumentó que la decisión sobre el reclamo infringía la ley, ya que los nombres eran datos sensibles que no podían ser comunicados salvo si la ley lo autoriza o existe consentimiento del titular. También fundamentó que los datos personales sólo deben utilizarse para fines para los cuales fueron recolectados. Por su parte, el CPLT reforzó que la legalidad de la decisión se basó en que lo solicitado obra en poder del Servicio Electoral, en el ejercicio de sus funciones públicas y por ende son públicos sus actos y resoluciones, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen como órgano del Estado.
Como tercera interesada, con el patrocinio de los abogados Andrea Ruiz y Juan Pablo Olmedo, del estudio Olmedo & Ruiz, LaBot insistió en la importancia del derecho de acceso a la información para el ejercicio periodístico, y en el derecho de los ciudadanos para conocer quién financia y a quién se financia en los procesos electorales, además de apoyar los fundamentos del Consejo.
El 16 de junio de este año la Corte de Apelaciones falló a favor de la decisión del CPLT (ver fallo), ratificando la publicidad de los datos. El tribunal determinó que el Servel no explicó de qué manera se vulnerarían los derechos de las personas que representan a las organizaciones civiles. Además, enfatizó que resulta contradictorio que personas que realicen actuaciones de carácter público ante un organismo público pretendan mantener su identidad en reserva. Según la resolución, no se configuró ninguna de las causales de secreto de las que adujo el Servel, lo que permitió tener acceso al documento para esta publicación.
*En la elaboración de este artículo colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.
*Nota de la redacción: inicialmente este artículo mencionaba erróneamente a la representante legal de la OSC Con Mi Plata No, Macarena Letelier Rodríguez, como directora ejecutiva del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Este último cargo lo ocupa Macarena Letelier Velasco, quien no tiene relación con la mencionada OSC.
