Pandora Papers

La filtración de más de 86 mil registros del bufete ARIFA de Panamá revela cómo el ex comerciante de armas, Carlos Cardoen, constituyó en ese país una fundación y una red de sociedades offshore para manejar sus negocios. La primera se registró en 1985, cuando ya exportaba bombas a Irak. Recién en 2006, los abogados de ARIFA se preocuparon del pasado de Cardoen y quisieron cortar la relación. Desistieron cuando se les informó que en Chile “sus asuntos con Estados Unidos” los conducía un estudio jurídico que tenía entre sus socios al ministro de Justicia de la época, Isidro Solís. Hoy Cardoen está a la espera de que se resuelva una solicitud ante la Cancillería para revertir la alerta roja de Interpol que le impide salir del país.

Los Pandora Papers aún guardan secretos de la elite chilena que ha manejado su patrimonio en paraísos fiscales. El apellido Bitar se repite en distintos documentos y son dos las ramas de la familia que aparecen con sociedades y trusts en jurisdicciones offshore: la de Sergio, quien fue senador y ministro de la Unidad Popular y de la ex Concertación, y la de Lorenzo, su hermano radicado en Perú desde los años 60 y padre de Cristina Bitar, quien también figura en los Pandora Papers.

Cuando el reportaje de CIPER y LaBot reveló que una parte del pago por la Minera Dominga se condicionó a que al terreno donde se desarrollaría no se le impusieran restricciones ambientales, desde la defensa del exmandatario aseguraron que se trataba de una cláusula habitual en ese tipo de negocios. Lo que no dijeron fue que se trató de una exigencia de los compradores, la familia Délano, que temían porque Piñera poco tiempo antes se había saltado los protocolos para bajar la termoeléctrica Barrancones. Tampoco contaron que el hijo mayor de los Piñera Morel viajó a conocer el terreno donde se ejecutaría el proyecto, y que fue la sociedad donde participaba la familia presidencial la que exigió que la mayor parte de la transacción se realizara en las Islas Vírgenes Británicas.

Parte de la información “en bruto” usada para esta investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.

Las familias Saieh, Selume y Abumohor comparten negocios hace décadas. A ellos se suma el banquero Alberto Muchnick, con quien Álvaro Saieh y Jorge Selume tienen una larga amistad. Los Pandora Papers entregan detalles de los negocios offshore que vinculan a este puñado de empresarios. Dos sociedades en Islas Vírgenes Británicas conectan con Corpgroup –controlado por la familia Saieh– y en una convergen otras 13 offshore, dos vinculadas a Jorge Selume y René Abumohor. Muchnick aparece con una sociedad en esa jurisdicción, pero no es todo: sus empresas de gestión de inversiones administran decenas de sociedades en Islas Vírgenes Británicas para terceros: empresarios, ex futbolistas, un notario suplente y un abogado asesor del Ministerio Público. Aparece también Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi, con quien ha emprendido una serie de negocios.

Fútbol, banca, inversiones y transporte aéreo son algunos de los rubros en los que se han desempeñado quienes aparecen en esta nueva entrega del capítulo chileno de los Pandora Papers. Algunos optaron por constituir sociedades; otros por establecer trust o fundaciones privadas para gestionar sus inversiones o resguardar su patrimonio familiar. Todos en jurisdicciones secretas y de baja tributación: desde Panamá, pasando por Belice, Liechtenstein hasta Islas Vírgenes Británicas. Como beneficiarios de esas estructuras figuran empresarios y directores de empresas como Jürgen y Holger Paulmann; Cristián Varela Noguera; la familia Weinstein; Segismundo Schulin-Zeuthen y Jorge Yarur Rey.

Los millones de documentos de Pandora Papers evidencian, entre otras cosas, que los paraísos fiscales o territorios de nula o baja tributación son refugios ideales para poner a resguardo, invertir o traspasar de padres a hijos los patrimonios familiares del 1% más rico. Así lo muestran los casos de los Piñera Morel, los Luksic, los Délano y la familia Farkas, publicados en entregas anteriores. En este reportaje detallamos los movimientos offshore de las familias Cueto Plaza, Cortés Solari y Errázuriz Ovalle. Esta última representa el caso clásico de traspaso patrimonial entre generaciones: lo hizo a través de una fundación privada panameña cuyos activos no pueden ser embargados por obligaciones personales de sus beneficiarios.

Las revelaciones de Pandora Papers dejaron al descubierto el entramado financiero offshore creado por los Legionarios de Cristo para poner unos US$295 millones lejos de los auditores del Vaticano, que ya investigaban los abusos sexuales cometidos por el fundador de la congregación, Marcial Maciel (fallecido en 2008). Las revelaciones detallan, entre otras cosas, el camino que recorrían los dineros para llegar a un fideicomiso abierto en Nueva Zelanda en 2010. Se estima que antes de llegar a ese fondo, el dinero pudo transitar por Suiza, Estados Unidos, Inglaterra y México.

La filtración de Pandora Papers arrojó luz sobre varias sociedades que Carlos Alberto Délano y su familia han manejado en jurisdicciones de baja o nula tributación. A través de una de ellas compró Minera Dominga. Sus actividades en Islas Vírgenes Británicas comenzaron en 1994. En ese paraíso fiscal también se registraron operaciones ligadas a Penta y al fallecido Hugo Bravo. El caso Penta no puso la lupa en estas sociedades, pero el escándalo los volvió clientes indeseables incluso en las Islas Vírgenes Británicas. En enero de 2015 la empresa que manejaba las sociedades renunció a gestionarlas y envió un reporte de actividades sospechosas al regulador local.

Documentos de Pandora Papers revelan que en 2008 el empresario Leonardo Farkas recurrió a los servicios de Alcogal para constituir tres fundaciones de interés privado (FIP) en Panamá y organizar la sucesión de su patrimonio. Las fundaciones privadas panameñas no son necesariamente entidades dedicadas a la caridad: funcionan principalmente como cajas fuerte en las que los activos a su cuidado están libres de impuestos y no pueden ser objeto de embargo. Según su abogado, el empresario nunca las utilizó, pero documentos muestran que estuvieron vigentes por una década. Entre los registros también aparece una sociedad anónima panameña con cuentas en Suiza y que Farkas desconoce, pero que en 2017 emitió sus acciones a nombre de una de sus tres fundaciones.

El Ministerio Público resolvió investigar al Presidente Piñera a raíz de los nuevos antecedentes expuestos por el reportaje de CIPER y LaBot sobre la venta de Minera Dominga en un paraíso fiscal. La Moneda insiste en que todo se sabía y que la justicia ya lo investigó. CIPER revisó esa indagatoria de 2017. En ella nunca aparecieron dos sociedades offshore que intervinieron en la operación y, aunque el fiscal tuvo a la vista la polémica cláusula que condicionó el pago, no la mencionó ante los magistrados que resolvieron cerrar el caso. El documento del contrato en el paraíso fiscal solo se conoció hace cinco días, con la publicación del reportaje que forma parte de Pandora Papers.

Son varios los vínculos que unen al expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (PPK) con el inversionista chileno Gerardo Sepúlveda. Westfield Capital, propiedad de PPK y en la que Sepúlveda se desempeñó como principal asesor, realizó consultorías y recibió pagos de la empresa brasilera Odebrecht –protagonista de la trama de corrupción conocida como Lava Jato, por la que están siendo investigados–, mientras Kuczynski era ministro de Economía. Los documentos de Pandora Papers muestran que una sociedad de PPK en Islas Vírgenes compró una propiedad en Lima con fondos de Westfield. También evidencian que Sepúlveda ha sido beneficiario final de varias sociedades constituidas en esa misma jurisdicción, en las que figura como socio de un banquero venezolano. En una aparece también como directora, la ex contadora de PPK.

Por más de una década nada de supo de quiénes eran los beneficiarios reales de una sociedad que ejercía control sobre la AFP PlanVital: Atacama Investments Ltd., ubicada en Islas Vírgenes Británicas. El misterio se mantuvo hasta 2016, año en el que se dieron a conocer sus nombres. Pero ahí radicaba solo una parte del secreto. Los documentos de Pandora Papers permiten ahora armar el puzle de los esquemas tributarios usados por esa sociedad para repartir dividendos entre sus accionistas. También permiten seguir la ruta de sus movimientos de capital y de los millonarios préstamos hechos a la administradora de fondos que hoy tiene una cartera de cerca de 1,7 millones de clientes.

Son más de 20 sociedades ubicadas en paraísos fiscales y territorios de baja tributación las que se vinculan a los negocios del grupo Luksic: Liechtenstein, Jersey, Luxemburgo y, hasta hace poco, Islas Vírgenes Británicas. Varias se conocen y han sido informadas públicamente, pero de un puñado de ellas nada se sabe y se conectan directamente con el patrimonio personal y familiar de Andrónico Luksic y de los herederos de su hermano Guillermo, fallecido en 2013. Los registros de Pandora Papers indican que una de esas sociedades, vinculada al presidente de Quiñenco, recibe los dividendos de las operaciones de Antofagasta Minerals; otra, en manos de los herederos de Guillermo, es propietaria de un amplio departamento en Miami.

Alcogal creó seis sociedades en las Islas Vírgenes Británicas para el abogado Óscar Aitken, quien las utilizó para ocultar el patrimonio de Augusto Pinochet y recibir pagos como intermediario en la venta de armamento. Luego de que en 2004 la justicia chilena comenzara a investigar estas sociedades, Alcogal debió dar explicaciones a la fiscalía panameña, negando haber sabido que Aitken era un testaferro de Pinochet. Según uno de los socios de la firma, este ha sido uno de los episodios más incómodos en la historia del bufete. Así lo detallan documentos publicados en Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y cuyo capítulo chileno fue realizado por CIPER y LaBot.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades creadas por la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

Según los documentos filtrados para Pandora Papers, la oficina Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y figuras en cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países. La revelación forma parte de los Pandora Papers, que revela datos de 14 mil entidades offshore creadas por el bufete para más de 15 mil clientes.

Pandora Papers revela el funcionamiento interno de una economía en las sombras que beneficia al 1% más rico a expensas del resto de la población. A partir de 11,9 millones de documentos confidenciales, la investigación expone los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado y de más de 130 multimillonarios a escala global. En esta investigación participan 151 medios de 117 países. En Chile, CIPER y LaBot siguieron la ruta de algunas operaciones offshore de grandes fortunas del país, como las familias Piñera Morel, Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de figuras como Leonardo Farkas, Holger Paulmann, el albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, y los accionistas de la AFP PlanVital.

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses (*Actualizado).