Documentos de Pandora Papers revelan que en 2008 el empresario Leonardo Farkas recurrió a los servicios de Alcogal para constituir tres fundaciones de interés privado (FIP) en Panamá y organizar la sucesión de su patrimonio. Las fundaciones privadas panameñas no son necesariamente entidades dedicadas a la caridad: funcionan principalmente como cajas fuerte en las que los activos a su cuidado están libres de impuestos y no pueden ser objeto de embargo. Según su abogado, el empresario nunca las utilizó, pero documentos muestran que estuvieron vigentes por una década. Entre los registros también aparece una sociedad anónima panameña con cuentas en Suiza y que Farkas desconoce, pero que en 2017 emitió sus acciones a nombre de una de sus tres fundaciones.
En noviembre de 2010, el New York Times le hizo un perfil completo. Lo tituló algo así como “El talento del empresario minero que saca ronchas en la elite chilena”. Leonardo Julio Farkas Klein –showman, empresario, filántropo, figura pública– estaba en uno de sus mejores momentos mediáticos y uno de los periódicos más importantes del mundo dedicaba más de 7.500 caracteres a hablar sobre él. Vestido impecable como siempre –traje oscuro del diseñador Ermenegildo Zegna, corbata rosada y pañuelo de igual color en el bolsillo de la chaqueta–, la foto que encabezaba el artículo mostraba su exuberante cabellera impactada por los rayos del sol, como lava incandescente. Ese fulgor era el mismo con el que brillaba por esos días luego de la publicitada donación de $5 millones que había hecho meses antes a cada una de las familias de los 33 mineros atrapados en la mina San José. Con esa donación, Farkas logró subirse a la cresta de la ola de expectación mundial que había sobre nuestro país por ese rescate bajo tierra.
Ahí, bajo tierra, era precisamente desde donde Leonardo Farkas había acumulado parte importante de su fortuna con varios yacimientos de hierro heredados por su padre en Atacama. Pero era también allí donde poco antes de que saltara a las páginas del New York Times, comenzó a incubarse un enorme lío. En mayo de 2010, su sociedad Minera Santa Fe fue demandada por una compañía china por incumplimiento de contrato y luego obligada a pagar US$ 46 millones ($36 mil millones, aproximados). Desde entonces, y a través de distintas acciones civiles y penales, los acreedores han intentado hacer efectiva la millonaria deuda, sin éxito.
La cuantía real del patrimonio de Leonardo Farkas –que se ha calculado en más de US$ 100 millones (unos $78 mil millones)– es una incógnita. A comienzos de 2008, el empresario abrió varias estructuras offshore en Panamá que, según registros revisados para este reportaje, también conectan con el principado de Andorra en Europa. Se trata principalmente de fundaciones de interés privado (FIP) que, bajo la legislación panameña, operan en la práctica como cajas fuertes en las que el patrimonio bajo su cuidado permanece libre de impuestos y no puede ser objeto de embargo. Lo más importante: ofrecen total confidencialidad sobre sus beneficiarios o dueños finales y no hay requisito legal que obligue a transparentar quiénes son.
Documentos confidenciales de Pandora Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en el que participaron más de 150 medios de 117 países –CIPER y LaBot en Chile– dan luces ahora sobre cómo Leonardo Farkas diseñó la sucesión escalonada de sus activos entre sus hijos a través de compañías de papel. No hay claridad sobre hasta qué punto ejecutó ese diseño.
La investigación de CIPER y LaBot detectó tres fundaciones de interés privado –entidades usadas para planificar sucesiones o herencias– y una sociedad anónima en Panamá, vinculadas al empresario minero y su esposa, Betina Friedman. Documentos públicos obtenidos desde el registro oficial de sociedades en Panamá indican que estas son gestionadas por intermediarios de ese país cuyos nombres se repiten en cientos de otras sociedades, lo que hace imposible llegar a sus propietarios.
La cuantía real del patrimonio de Leonardo Farkas –que se ha calculado en más de US$ 100 millones (unos $78 mil millones)– es una incógnita. A comienzos de 2008, el empresario abrió varias estructuras offshore en Panamá que, según registros revisados para este reportaje, también conectan con el principado de Andorra en Europa. Se trata principalmente de fundaciones de interés privado (FIP) que, bajo la legislación panameña, operan en la práctica como cajas fuertes en las que el patrimonio bajo su cuidado permanece libre de impuestos y no puede ser objeto de embargo. Lo más importante: ofrecen total confidencialidad sobre sus beneficiarios o dueños finales y no hay requisito legal que obligue a transparentar quiénes son.
Las fundaciones privadas panameñas cuentan con reglamentos internos confidenciales cuyas disposiciones solo son conocidas por sus propietarios y administradores. La ley de ese país protege con multas en dinero e incluso pena de cárcel a quienes conociendo las disposiciones de esos reglamentos rompan el secreto.
Las tres fundaciones vinculadas a Leonardo Farkas cuentan con reglamentos internos que no tienen la obligación de estar a la vista de la autoridad fiscal panameña ni chilena. Los documentos de Pandora Papers permiten ahora conocer su contenido. No solo que es el matrimonio Farkas Friedman el que está detrás del directorio instrumental de abogados panameños que figuran administrándolas públicamente. También que sus tres hijos son los últimos depositarios de su fortuna. Dos de ellos ya cumplieron los 21 años, edad en la que según las disposiciones allí consignadas comenzarían a recibir en cuotas millones de dólares de la herencia en vida del empresario minero.
A través de su representante legal en Chile, el abogado Juan Ignacio Correa, el empresario Leonardo Farkas reconoció la existencia de esas fundaciones, aunque indicó que nunca operaron, que no las utilizó y que tampoco les transfirió fondos. Lo extraño es que estas recién fueron dadas de baja en octubre de 2018, a diez años de haberse constituido, y que en ese lapso figuran entre los documentos filtrados facturas por pagos de tasas de mantenimiento y restauración.
PANAMÁ Y ANDORRA
A fines de noviembre de 2008, Leonardo Farkas se consolidó como una importante figura mediática tras la generosa donación televisada de mil millones que hizo a la Teletón, la suma más alta aportada hasta entonces. Frente a un Estadio Nacional atestado de gente dijo que estaba cumpliendo un antiguo sueño: “cuando tenía 11 años y empezó la Teletón y yo dije voy a trabajar duro, voy a ganar mucha plata y voy a venir aquí a dar la suma más grande que nunca nadie haya dado”.
Por entonces, el empresario arrastraba a un montón de seguidores organizados, quienes lo levantaron como candidato presidencial. Farkas coqueteó varios meses con la idea y mantuvo el suspenso hasta el 5 de diciembre de ese 2008, día en el que anunció que se bajaba de esa carrera.
No fue esa la primera vez que donó a la Teletón. El año anterior, también frente a las cámaras, había desembolsado $100 millones. Fue esa y otras donaciones las que estuvieron en la base de una querella presentada en noviembre de 2008 en su contra por la firma australiana Admiralty Resources –por entonces socios de Farkas en la minera Vallenar Iron Company– por apropiación indebida de más de $176 millones. Se le acusó de utilizar dineros de esa compañía para construir su imagen pública de filántropo sin el acuerdo de sus socios. Paralelamente, Farkas se enfrentaba con sus socios australianos en tribunales de ese país por una demanda que él y otros minoritarios de Vallenar Iron habían entablado contra los oceánicos por lesión patrimonial. Farkas dio a entender públicamente que la acusación por apropiación indebida solo buscaba desprestigiarlo y que no era más que el coletazo de esa acción judicial.
A comienzos de ese mismo 2008, Leonardo Farkas había comenzado a ejecutar una serie de operaciones en el extranjero para poner a resguardo su patrimonio. De ello dan cuenta los documentos de Pandora Papers. El territorio escogido fue Panamá, donde el empresario solicitó de los servicios del bufete Alcogal, acrónimo de Alemán Cordero Galindo & Lee, para abrir en ese país tres fundaciones de interés privado.
El 28 de febrero, los abogados de Alcogal constituyeron Con Suerte Foundation. De acuerdo con las normas panameñas sobre fundaciones, estas no pueden –salvo excepciones– realizar actividades con fines de lucro. Su propósito es el resguardo patrimonial y la planificación de sucesiones o herencias. Además, deben ser administradas por un Consejo de Fundación cuyas decisiones están sujetas a la aprobación del beneficiario final.
La apertura de una fundación en Panamá es rápida, una semana hábil en promedio, y son pocos los requisitos que se exigen para que obtengan personalidad jurídica. El trámite, además, no requiere desembolsar grandes sumas de dinero: por ejemplo, Farkas le pagó en febrero de 2008 a la firma Alcogal US$ 875 dólares por la constitución de Con Suerte Foundation: US$ 475 por concepto de tasas, derechos notariales y de registro; y otros US$ 400 en pagos de representación y honorarios para los directores instrumentales de Alcogal que representan a esa entidad.
El reglamento confidencial de Con Suerte indica que Leonardo Farkas es su único beneficiario y también su protector, es decir, quien supervisa su funcionamiento y quien cuenta con plenos poderes sobre el Consejo de Fundación. Escrituras notariales de esa fundación indican además que se instruyó que sus activos fuesen puestos bajo custodia del banco privado Andorra Bank Agricole Reig S.A. (Andbank) –ubicado en ese principado por años considerado un paraíso fiscal–, entidad que quedó como único miembro del Consejo de Fundación y con amplios poderes “de dominio y administración sin limitación alguna”.
(Foto: Piron Guillaume on Unsplash)
MILLONARIA SUCESIÓN
El 4 de marzo de 2008, Leonardo Farkas abrió dos nuevas fundaciones en Panamá de la mano de Alcogal: Kookie International Foundation y Pulichulis Foundation. Ambas quedaron como las principales beneficiarias de Con Suerte Foundation en caso de que falleciera su propietario.
De acuerdo con el reglamento secreto de la primera, su protectora es Betina Friedman, esposa de Farkas, y sus activos también están bajo custodia y administración del banco andorrano Andbank. El documento explicita que el beneficiario mayoritario de esa fundación es Pulichulis Foundation con un 90% (el 10% restante se reparte entre los hermanos de Farkas y de Friedman).
Los beneficiarios principales de Pulichulis son los tres hijos del matrimonio Farkas-Friedman. El reglamento indica que la protectora de la fundación, Betina, recibirá el 25% de las ganancias netas anuales generadas por los activos de la fundación y que serán utilizados para la educación de sus hijos.
No es todo. También se instruye que cuando los beneficiarios cumplan 21 años los activos de la fundación se dividirán en tres cuentas separadas, de modo de facilitar su traspaso y distribución. Así, cuando lleguen a esa edad –dos de sus hijos ya lo hicieron– cada uno recibirá 1 millón de dólares. Es el primer pago de cinco: a los 25 años se instruye que se les traspase a cada uno US$ 1,5 millón; a los 30 otros US$ 1,5 millón; a los 35 un cuarto pago de US$ 2 millones; y a los 40 años un último de US$ 4 millones.
De acuerdo con la legislación chilena sobre herencias, asignaciones y donaciones, las sucesiones patrimoniales deben pagar entre un 1% y hasta un 25% de impuestos, según la cuantía de los valores transferidos. Todo traspaso por sobre las 1.200 Unidades Tributarias Anuales (UTA), unos $760 millones de pesos, cae en el tramo más alto.
Además de ese flujo de dinero, el reglamento secreto de Pulichulis Foundation establece que también a partir de los 21 años, sus hijos recibirán un porcentaje creciente de las utilidades netas anuales generadas por los activos de esa fundación: a los 21 años un 25%; a los 25 años un 50%; y a partir de los 35 años un 75%.
Abogados tributaristas consultados para este reportaje admiten que para el Servicio de Impuestos Internos (SII) las fundaciones o trust en paraísos fiscales son un punto ciego a la hora de fiscalizar los términos en los que se ejecutan sus movimientos financieros y traspasos patrimoniales. Simplemente están fuera de su radar, indican.
Las fundaciones de interés privado (FIP) en Panamá son catalogadas como “el testamento perfecto” por algunos proveedores que las ofrecen entre sus productos y servicios.
La normativa panameña sobre FIP data de 1995 y otorga varias prebendas que hacen de ellas verdaderas cajas fuerte. En su artículo 11 indica que los bienes o activos de la fundación constituyen un patrimonio separado de los bienes personales del fundador. Así, no pueden ser objeto de embargo o de cualquier acción cautelar a causa de obligaciones personales de sus integrantes, sino del actuar propio de la fundación. Los bienes que integran su patrimonio, además, pueden trasladarse o someterse a las leyes y jurisdicción de otros países. También obliga a los miembros de Consejo de la Fundación, a los órganos de fiscalización, si los hubiere, y a los “servidores públicos o privados” que tengan conocimiento de sus actividades, transacciones u operaciones, a mantener reserva y confidencialidad en todo momento. Y para ello impone sanciones en dinero (50 mil dólares) y penas de cárcel de hasta seis meses a quienes vulneren esa disposición.
Abogados tributaristas consultados para este reportaje admiten que para el Servicio de Impuestos Internos (SII) las fundaciones o trust en paraísos fiscales son un punto ciego a la hora de fiscalizar los términos en los que se ejecutan sus movimientos financieros y traspasos patrimoniales. Simplemente están fuera de su radar, indican.
A través de un cuestionario enviado el 13 de septiembre pasado, se le consultó a Leonardo Farkas sobre los propósitos, movimientos y activos de todas sus fundaciones. El empresario, hoy radicado en Islas Caimán, respondió a través de su abogado Juan Ignacio Correa:
“Le recomendaron a LF hacer fundaciones para sus donaciones religiosas y de beneficencia o a orfanatos, entre otras, y para regular su sucesión, pues a juicio de sus asesores de entonces resultaba menos engorroso hacerlo a través de ese tipo de entidades. A dichas fundaciones LF no les transfirió fondos ni tampoco operaron, simplemente se constituyeron. El motivo de su no utilización fue que LF decidió no usarlas y, además, hacer sus donaciones a título personal. Hoy esa fundaciones no existen”.
Documentos de Pandora Papers indican que las tres fundaciones creadas por Leonardo Farkas en febrero y marzo de 2008 efectivamente se cerraron. Pero estuvieron vigentes por cerca de una década y se disolvieron oficialmente recién en septiembre de 2018. Un puñado de registros de 2013 y 2014 también dan cuenta de que por dos de ellas se pagó tasas de mantenimiento ante la autoridad panameña (US$ 50) y en el caso de Con Suerte se pagó US$ 300 por su restauración.
“Se cerraron cuando ya hubo certeza que no serían utilizadas”, agregó su abogado.
EL MISTERIO DE POSTALIN S.A.
Postalin es una sociedad anónima panameña inscrita por la firma Alcogal en esa jurisdicción el 14 de febrero de 2008, pocos días antes de que se abriera la fundación Con Suerte de la que Farkas fue beneficiario. La sociedad emitió acciones al portador –su propietario es quien tenga físicamente en su poder el certificado de acciones– por lo que resulta imposible conocer quién estuvo detrás de su creación.
Poco después de que fuera inscrita en el registro panameño de sociedades, el 28 de febrero, los directores instrumentales de la sociedad emitieron un poder en favor del banco andorrano Andbank para que administrara los activos de la sociedad, además con facultades para abrir cuentas corrientes en instituciones bancarias panameñas o extranjeras. Documentos de la firma Alcogal indican que a través del Andbank se instruyó la apertura de dos cuentas en Ginebra (Suiza), en los exclusivos bancos privados Edmond de Rothschild y Lombard Odier.
La propiedad de Postalin se mantuvo bajo completo secreto hasta febrero de 2017, cuando sus 10 mil acciones al portador fueron canceladas y emitidas nuevamente a nombre de un beneficiario reconocible: la Fundación Con Suerte. Consultado respecto de esa sociedad titular de cuentas corrientes en Suiza, el abogado Correa respondió: “LF desconoce la existencia de esa sociedad”.
El certificado de acciones de Postalin S.A. a nombre de la fundación de la que Leonardo Farkas era el principal beneficiario no es lo único que evidencia el vínculo del empresario minero con esa misteriosa sociedad que conecta con Andorra y Suiza.
El 27 de octubre de 2016 fue publicada la ley Nº 52 en Panamá, la que a partir de entonces obliga a toda persona jurídica inscrita pero sin actividad comercial en ese país a llevar un registro contable y de documentación de respaldo. En virtud de esa ley, la firma Alcogal elaboró un documento con fecha 10 de agosto de 2018 titulado “Aviso de ubicación de registros y documentación subyacente”, que refiere precisamente a Postalin S.A. Dice el documento:
“Conforme a la Ley 52, 2016, por este medio damos aviso que los registros y Documentación Subyacente de la sociedad Postalin S.A. serán mantenidos en la siguiente ubicación y retenidos y controlados por la siguiente persona”. El nombre que aparece allí es el de Leonardo Farkas Klein y el domicilio, su casa ubicada en Gran Caimán, la más grande de las tres islas que conforman el archipiélago de Islas Caimán.
“LF no tiene inversiones ni ingresos provenientes de ninguna fundación, institución, empresa o sociedad extranjera situada en paraísos fiscales. Tampoco tiene negocios en ninguna parte del mundo. Sustenta su vida, la de su familia y los actos de filantropía que realiza con el producto de sus inversiones pasivas registradas a su propio nombre, pagándose todos los impuestos que correspondan”, agregó el abogado de Leonardo Farkas.
LÍOS JUDICIALES
En enero de 2018, la compañía china Qisheng Resources Limited se querelló contra Leonardo Farkas por estafa. La acción judicial se interpuso en medio de un largo juicio civil originado en 2013, en el que Qisheng le reclama un millonario pago por incumplimiento de contrato. La arista penal del caso fue sobreseída en noviembre de 2018 por la justicia. Pero la hebra civil continuó.
En 2009, la compañía china firmó un contrato con Minera Santa Fe, propiedad de Farkas, para que esta última le proveyera de concentrado de hierro. Según acusa Qisheng, en mayo de 2010 Santa Fe puso término de manera unilateral al contrato, lo que motivó un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio de La Haya (Países Bajos). La sentencia de ese tribunal internacional determinó con fecha 15 de febrero de 2013 que Minera Santa Fe debía pagar a la compañía china US$ 46 millones ($36 mil millones aproximados).
El 14 de enero de 2014, Qisheng interpuso en el 2do Juzgado de Letras de Copiapó una acción pauliana contra minera Santa Fe. Ese recurso se utiliza cuando un acreedor quiere dejar sin efecto los actos jurídicos del deudor que puedan haber sido ejecutado de manera fraudulenta y en perjuicio de sus derechos. En el escrito se acusa que poco antes de conocerse el fallo arbitral, Minera Santa Fe se dividió en dos sociedades. Una, continuadora legal de la disuelta, y otra totalmente nueva: SCM Santa Fe, compañía a la cual se habrían transferido los bienes de la primera. El objetivo, según la parte demandante, fue “distraer los bienes de Minera Santa Fe y eludir el pago de la obligación que esta última tiene con Qisheng”. Desde entonces y durante el juicio, los demandantes han acusado una serie de maniobras dilatorias por parte de Minera Santa Fe para no cumplir con su obligación.
Durante esta investigación se contactó al abogado que llevó adelante la querella por estafa en contra del empresario, pero declinó hacer comentarios. También se contactó al estudio jurídico que representa a la compañía china en la contienda civil para saber el estado actual de ese proceso, pero tampoco quisieron responder.
Lo cierto es que la millonaria disputa no se ha saldado y el juicio civil sigue en curso. El 22 de abril de este año, de hecho, la Corte Suprema revirtió un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó que había decretado el abandono del procedimiento judicial por parte de los demandantes. La deuda original más intereses ahora superaría los US$ 50 millones.
Según informó el diario La Segunda a fines de ese mismo mes, tras su retiro del negocio minero los yacimientos de Farkas terminaron en manos de empresas indias o australianas y hasta hace poco todos estaban paralizados a causa de quiebras o por efecto de la pandemia de Covid-19.
*Colaboró en esta historia el periodista Benjamín Miranda (CIPER).