Auditores ambientales dieron sellos verdes a productos ligados a la deforestación y a dictaduras

Las grandes auditoras ambientales ignoran o no reconocen el daño evidente causado por madereras y otros clientes cuyas prácticas certifican como sustentables, socavando un elaborado sistema global que debería combatir la destrucción de los bosques y el cambio climático.

Con alarmante frecuencia, auditores y firmas certificadoras validan productos vinculados con la deforestación, tala en zonas de conflicto y otros abusos, de acuerdo con una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) y 39 medios, entre ellos LaBot. La certificación ayuda a los clientes de esas empresas a producir y promover en todo el mundo productos como cubiertas de madera para yates y muebles de alta gama, entre otros.

La investigación de ICIJ Deforestation Inc. muestra cómo las compañías usan los resultados de auditorías mal hechas para publicitar sus productos y operaciones como si cumplieran los estándares medioambientales, las leyes laborales y respetaran los derechos humanos, desinformando tanto a sus accionistas como a los consumidores. El daño puede ser devastador y duradero.

“Un árbol talado no puede ser reemplazado en lo que dura la vida de un hombre”, dijo un fiscal francés en un caso reciente que involucra a una forestal española que cortó ilegalmente robles centenarios y otros árboles de un bosque particular en el sur de Francia.

ICIJ descubrió que muchas compañías declaran como manejo forestal sustentable operaciones que no cumplen sus propias promesas o los estándares voluntarios. Por ejemplo, una empresa brasileña de productos de madera operando en la Amazonía aseguró que había sido certificada “por amplio margen” a pesar de haber sido multada 37 veces desde 1998 por almacenamiento y transporte de madera sin la documentación legal, entre otras violaciones. Una empresa forestal japonesa en Chile obtuvo madera de proveedores que usaron documentación que incluía información falsa sobre el origen de la madera. Un grupo de madereras canadienses usó un “plan de manejo forestal sustentable” certificado por un auditor local para talar árboles en tierras indígenas, alterando drásticamente el territorio de la comunidad y su forma de vida, de acuerdo a un fallo judicial.

ICIJ analizó registros de las inspecciones, datos de violaciones medioambientales y fallos judiciales que conciernen a empresas de al menos 50 países. El análisis identificó 48 auditoras que han certificado prácticas sustentables de empresas de productos forestales que han sido imputadas por violaciones como la tala de bosques indígenas y reservas protegidas usando permisos falsos, así como la importación de madera cosechada ilegalmente. Desde 1998, más de 340 empresas de productos forestales han sido acusadas de delitos medioambientales y otras mala prácticas por comunidades, grupos medioambientales y agencias estatales, entre otros. Cerca de 50 de esas empresas tenían certificados de sustentabilidad al momento de ser multadas o condenadas.

Probablemente esos casos están subestimados, en parte, porque las bases de datos de delitos ambientales de muchos gobiernos no identifican a las compañías responsables.

“Es todo el sistema en que descansamos, con las certificaciones en general, el que no funciona”, dijo a Radio France Gregoire Jacob, un consultor que trabaja en la industria de productos de origen forestal. “Se nos hace creer que tendremos productos más virtuosos. Algunas veces es cierto, algunas veces es falso”. Jacob fue uno de los seis auditores y ex auditores forestales y consultores que dijeron a ICIJ y sus medios aliados en Francia, Canadá, Estados Unidos y otros países que los estándares de certificación eran inadecuados y los procesos inefectivos.

Los auditores ーque crearon una creciente industria de US$10 mil millonesー rara vez deben rendir cuentas por bajarle el perfil o no detectar alertas rojas en las operaciones de sus clientes y los reportes de sustentabilidad. La auditoría ambiental difiere de su altamente regulada contraparte, la tradicional auditoría financiera, y está regulada por muchas menos reglas y guías. De hecho, según Jonathan White, un abogado de ClientEarth con experiencia en responsabilidad corporativa y riesgo climático, la auditoría ambiental está ampliamente desregulada.

“En ese espacio desregulado tenemos un problema de rendición de cuentas”, diijo White. “Si ese tipo de cuerpos verificadores debe cumplir un rol que es más o menos robusto… tienen que aplicar escepticismo y chequear las afirmaciones hechas por las compañías. Tienen que ir más allá de la información que las compañías entregan”.

La investigación global también entrega pistas sobre los débiles esfuerzos de los gobiernos para detener el comercio de madera conflictiva por parte de regímenes autoritarios en Myanmar y otros países. Las empresas de certificación sustentable en el centro de ese comercio engañan al público.

Los hallazgos de ICIJ revelan cómo algunas compañías tergiversan sus compromisos para terminar con la crisis del cambio climático mientras explotan recursos naturales preciosos bajo una pancarta de “sustentabilidad”.

Mientras tanto, áreas boscosas que, combinadas, son más extensas que la Unión Europea, han desaparecido desde 1990. Y más y más bosques siguen desapareciendo para proveer productos con dudosos sellos.

La conversión de bosques a otros usos ーcomo la agricultura o carreterasー y la explotación industrial de bosques primarios son algunas de las principales causas del calentamiento global. La destrucción de bosques también agrava las inundaciones y la pérdida del hábitat de animales silvestres, y contribuye al aumento de enfermedades infecciosas en los humanos, de acuerdo a algunos científicos. Con menos árboles disponibles, algunos insectos operan como vectores de patógenos y migran a plantas que son consumidas por animales de granjas que terminan en la cadena alimenticia.

En 2021, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y más de 100 líderes mundiales reunidos en la cumbre COP26 de Naciones Unidas en Glasgow se comprometieron «terminar y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030». Desde entonces, algunos gobiernos han prometido ーy otros han aprobadoー regulaciones más estrictas. Auditoras ambientales ven el movimiento por una renovada protección de los bosques como una oportunidad de negocio para promover sus servicios ayudando a sus clientes a combatir la pérdida de bosques en todo el mundo.

Expertos consideran que en países donde la deforestación está extendida y la gobernanza forestal es débil, como Brasil, la certificación voluntaria es una mejor alternativa a leyes que no se aplican sobre manejo forestal o cadenas de abastecimiento. Pero en Brasil, donde se estima que el 90% de la tala es ilegal, sólo un pequeño porcentaje de empresas está dispuesto a abrir sus libros y aplicar costosas certificaciones, de acuerdo a Marcos Planello, auditor forestal basado en Sao Paulo.

“No es un jardín de juegos. Hay gente con pistolas” en el bosque, dijo a ICIJ. La certificación sigue siendo una manera válida para “reducir riesgo”, según Planello. “Pero si una empresa quiere hacer algo malo, va a ser capaz de hacerlo”.

No puede calcularse el daño

Durante los nueve meses que duró la investigación de Deforestation Inc., los 140 reporteros que trabajaron con ICIJ siguieron las huellas de las madereras desde bosques protegidos en Finlandia hasta sobreexplotados bosques indígenas en Columbia Británica. Hablaron con miembros de comunidades indígena, defensores de los bosques, auditores y gente de la industria. Examinaron cientos de documentos judiciales, datos de violaciones a las normas y documentos filtrados en más de una docena de idiomas. El proyecto cubrió el mundo entero.

En abril de 2022, una auditora ambiental líder certificó a un conglomerado austríaco sus productos forestales provenientes de Rumania, un país conocido por sus vastos y antiguos bosques. Meses después de la certificación, autoridades rumanas lanzaron una investigación por tala ilegal contra algunos de los proveedores de madera del gigante austríaco.

En Estados Unidos, Italia y Nueva Zelanda, fabricantes de cubiertas de yates y comerciantes de madera continúan usando sellos verdes en sus materiales publicitarios aún cuando importan madera desde Myanmar, donde el comercio de recursos naturales financia a un régimen militar que botó a un gobierno elegido democráticamente en 2021.

En Finlandia, auditores que monitoreaban las prácticas de gestión forestal de dos madereras no mencionaron en sus reportes de auditoría que cortes habían multado a sus clientes por talar árboles en áreas protegidas por su biodiversidad; las empresas mantuvieron sus certificados de sustentabilidad. Y en Indonesia, uno de los más grandes exportadores de madera tropical en el mundo, ambientalistas de Independent Forest Monitoring Network en Bogor reportaron que la última década las auditoras no repararon en violaciones ambientales de al menos 160 empresas. Las violaciones incluyen el uso de permisos falsos, tala ilegal y la destrucción del habitad de tigres y elefantes. La socia de ICIJ, Tempo, una revista de Indonesia, encontró además que en algunas ocasiones los auditores no exigieron a sus clientes tomar acciones correctivas.

Incluso cuando las empresas son castigadas, las multas no compensan la destrucción de bosque primario, hábitats de vida silvestre y tierras indígenas, de acuerdo con Daniel Dian Prawardani, uno de los investigadores de la red que monitorea los bosques.

“Las pérdidas reales exceden por lejos las multas porque el cálculo del daño ecológico y el impacto social no puede ser cuantificado”, dijo Prawardani a Tempo.

Auditores desilusionados

Las organizaciones de certificación forestal voluntaria como FSC y PEFC fueron fundadas en los años ’90 después de que ambientalistas y reguladores no lograran llegar a un acuerdo para crear un marco legal internacional para la conservación de los bosques. Desde entonces, más de una docena de ese tipo de organizaciones y muchos programas asociados se han creado alrededor del mundo, cada uno con sus propios criterios y sellos. Pero FSC y PEFC siguen siendo influyentes. Ambas organizaciones dicen que han certificado como “sustentable” más de 790 millones de hectáreas de bosque y miles de productos en todo el mundo. Los consumidores pueden encontrar sus logos estampados en una variedad de productos de uso diario, incluyendo cuadernos que se venden en un supermercado en Santiago; envoltorios de caramelos en Berlín; vasos de papel en hoteles de Canadá; y muebles, esquís y pañales de adultos en Amazon.

Grupos ambientalistas y expertos forestales que han comparado los esquemas de certificación de FSC y PEFS a menudo describen el estándar FSC como más riguroso y más en línea con las preferencias de los ambientalistas, criticando a PEFC por tener un estilo más alineado con la industria. Pero en los últimos años, la reputación de ambas se ha empañado por la falta de transparencia en sus auditorías y procesos de certificación, escándalos que involucran a clientes certificados, acusaciones de conflictos de interés y la falta de supervigilancia sobre los auditores afiliados.

Tres ex auditores forestales entrevistados por ICIJ dijeron que tomaron el empleo porque creían que podía tener un efecto positivo en las operaciones que empresas de productos forestales. Pero gradualmente se desilusionaron con el sistema.

En la medida en que más marcas estuvieron dispuestas a pagar por certificaciones verdes, ambas organizaciones relajaron sus estándares y el proceso se volvió menos efectivo, dijeron a ICIJ auditores y expertos forestales.

“Mucha gente pensó que sería buena idea tener estos estándares voluntarios porque ven que hay un montón de explotación forestal que es horrible”, dijo Bob Bancorft, un biólogo y ex auditor forestal basado en la provincia canadiense de Nova Scotia. “Ahora se alivian si ven un sello verde en un producto de un almacén. Sienten que está bien y se aliviana su conciencia comprándolo”, dijo. “Y eso es lo que está mal con lo que está pasando aquí”.

El director general de FSC, Kim Carstensen, respondió a las críticas en una entrevista con ICIJ y la televisora alemana WDR.

“Creemos que somo un buen sello en varios criterios. Tenemos un sistema de gobernanza que involucra a los stakeholders (partes interesadas). Tenemos regulaciones ambientales estrictas. Tenemos reglas sociales estrictas también”, dijo Carstensen.

En un mundo ideal, añadió, los gobierno jugarían un rol más relevante para proteger los bosques.

“Pero la situación no es la de un mundo ideal”, dijo Carstenden. “Entonces en una situación donde un gobierno autoriza la tala en un área donde hay dudas respecto a si hay manejo responsable o no tan responsable, pensamos que la certificación debe jugar un rol aún, y pensamos que la certificación FSC puede ser la que lo haga en esa situación”.

Como una “herramienta voluntaria”, FSC “no pretende que puede resolver por sí sola un problema de muchas capas como la deforestación”, agregó un vocero en una declaración.

FSC usa una empresa llamada Assurance Services International (ASI) para acreditar a los auditores y monitorear sus actividades. ASI declinó responder las preguntas de ICIJ acerca de cómo compañías certificadas por auditores acreditados por ASI fueron luego acusadas de daño ambiental. En una declaración enviada a ICIJ, un vocero de ASI dijo que sus investigaciones han “bloqueado” 88 compañías para acceder a las certificaciones FSC en los últimos cinco años. “Si identificamos riesgos de integridad, entonces hacemos un seguimiendo con rigor”, dijeron.

El jefe de comunicaciones de PEFC, Thorsten Arndt, dijo: “La credibilidad de PEFC y de otros sistemas de certificación ha sido evaluada múltiples veces”, agregando que Naciones Unidas ha reconocido al grupo PEFC “como un indicador de progreso hacia los objetivos de desarrollo sustentable y el Acuerdo de Biodiversidad”, una serie de objetivos sociales y ambientales.

Arndt escribió que PEFC fija y revisa sus estándares basado en “el último conocimiento científico, investigación y asuntos emergentes relevantes”, para asegurar que los bosques sean “manejados sosteniblemente”.

Arndt también negó las acusaciones de los críticos respecto a que PEFC es amigable con la industria, diciendo que la organización fue fundada por pequeños dueños de bosques y que la industria de los productos forestales sigue siendo sólo una de los nueve grupos de  stakeholders que fijan los estándares de PEFC, junto con comunidades indígenas, sindicatos y otros actores no industriales.

Por su parte, las empresas auditoras dicen que el sistema de verificación por parte de terceros ha contribuido a mejorar la gestión de los bosques alrededor del mundo, aumenta el escrutinio y requiere de mayor transparencia por parte de las empresas.

Compañías contactadas por ICIJ concedieron que puede haber casos en que un auditor pasa algo por alto o no entiende los problemas, o incluso puede haber intenciones fraudulentas de los clientes. Pero, dijeron, esos casos representan sólo un pequeño porcentaje de las auditorías.

“A los críticos que alegan que la certificación es simplemente greenwashing de relaciones públicas, les diría que están tratando de usar la excepción para demostrar la regla”, dijo Linda Brown, co fundadora de la auditora basada en Estados Unidos SCS Global Services.

En búsqueda de una solución

Gobiernos alrededor del mundo han comenzado a poner ojo a las afirmaciones de las compañías respecto a que son amigables con el medio ambiente, pero hasta hora sólo un puñado a hecho algo.

En 2021, agencias de protección del consumidor en Gran Bretaña y Holanda examinaron cientos de sitios de empresas y determinaron que el 40% de las afirmaciones de amabilidad con el medio ambiente “pueden estar confundiendo a los consumidores”. Un comité en Australia inició un examen similar el otoño pasado.

Y la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la UE, está considerando legislar para apuntar a las prácticas de greenwashing, definidas como “afirmaciones ambientales engañosas”. La comisión está respondiendo a hallazgos de que casi la mitad esas afirmaciones, en diversos sectores económicos, “pueden ser falsas o engañosas”.

Un borrador de la propuesta que se filtró indica que los países de la Unión Europea impondrían castigos “efectivos, proporcionales y disuasivos” a las empresas que hagan afirmaciones ambientales sobre sus productos que no se sostengan en evidencia. También dice que las autoridades descansarán en “verificadores independientes” para demostrar que las afirmaciones tienen sustancia. Se espera para fines de este mes un primer borrador oficial del proyecto.

No está claro aún si es que los auditores estarán bajo escrutinio en la Unión Europea o en otras jurisdicciones que están considerando medidas anti-greenwashing.  Grant Rosoman, un asesor senior de Greenpeace Internacional que se especializa en temas forestales, subrayó que auditoras y certificadoras en general evaden la atención que expone a las empresas que venden los productos “Los cuerpos certificadores que están entremedio tienden a no aparecer como parte de la foto”, dijo Rosoman, “sin embargo, en un sentido, son una de las partes más importantes del problema en términos de la debilidad de esos sistemas”.

Cuando las auditorías están mal hechas, “un montón de malas prácticas se escabullen”, dijo Rosoman, quien ha investigado sistemas de certificación y auditores. “Estos problemas permiten que la deforestación continúe en terreno, permiten que continúen las violaciones a los derechos humanos, permiten que continúen las ilegalidades”.